La tragedia humana exige una respuesta inmediata, pero sus consecuencias económicas marcarán al país durante años. La reconstrucción será una prueba de capacidad institucional y de cooperación.
Hay semanas que cambian un gobierno y hay semanas que cambian un país. Esta es una de ellas. Hasta hace apenas unos días, el debate económico sobre Venezuela giraba en torno a cuánto creceríamos este año: 4% o 6%, y en qué punto ese crecimiento se iba a materializar en la cotidianidad de la gente; la estabilización cambiaria, el restablecimiento de la relación con los organismos multilaterales y la posibilidad de iniciar, lentamente, un proceso de recuperación. El 24 de junio por la mañana se discutía cuál era el tamaño real de nuestra deuda externa. Ese era el horizonte. Hoy ya no lo es. Los terremotos ocurridos esta semana no solo dejan una tragedia humana de dimensiones aún difíciles de cuantificar, sino que también modifican profundamente las perspectivas económicas del país. La evidencia internacional muestra que un terremoto de gran magnitud puede generar pérdidas equivalentes entre el 3% y el 10% del PIB, dependiendo no solo del daño físico, sino también de la capacidad del Estado para responder.
Quien piense que el problema se limita al costo de reconstruir carreteras, hospitales o viviendas está viendo apenas una parte del cuadro. Los terremotos destruyen infraestructura, pero también la productividad, el empleo, los ingresos fiscales, las cadenas logísticas y la confianza. Miles de empresas interrumpen sus operaciones, las familias posponen sus decisiones de consumo e inversión y la actividad económica pierde dinamismo durante meses o incluso años. Las expectativas y decisiones de los agentes se ven afectadas por un sentimiento generalizado de pérdida e incertidumbre.
La literatura económica es bastante consistente en este punto. Estudios del Banco Mundial, el FMI y numerosos trabajos académicos concluyen que el impacto de un desastre natural depende mucho menos de la intensidad del fenómeno que de la fortaleza institucional del país afectado. Las economías con Estados sólidos suelen absorber el choque inicial y recuperarse relativamente rápido. En cambio, en los Estados frágiles, un desastre natural suele transformarse en una crisis económica prolongada porque la debilidad institucional amplifica los daños y retrasa la reconstrucción.
Ese es, precisamente, el principal desafío de Venezuela. Durante años el país perdió capacidad fiscal, técnica y operativa. No se trata de una valoración política, sino de un hecho observable. La capacidad del Estado para diseñar políticas públicas se redujo significativamente. La prologada crisis económica y la hiperinflación nos llevaron a un estadio de “sálvese quien pueda”. Las dificultades para mantener la infraestructura básica, los servicios públicos o la red hospitalaria ya eran evidentes antes del terremoto. Reconstruir ciudades exige mucho más que recursos financieros: requiere planificación, ingeniería, capacidad de contratación, supervisión técnica y una administración pública capaz de coordinar miles de proyectos simultáneamente. Hoy el Estado venezolano carece de buena parte de esas capacidades.
Paradójicamente, donde el Estado ha perdido capacidad, la sociedad ha demostrado resiliencia. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, las universidades y múltiples iniciativas de la sociedad civil han desarrollado, durante años de crisis, una notable capacidad para organizarse, movilizar recursos y responder con rapidez ante las emergencias. Lo vimos durante la pandemia, en las inundaciones de Las Tejerías y en tantas otras crisis humanitarias. Y lo estamos viendo ahora. Esa experiencia acumulada será uno de los activos más importantes para enfrentar esta tragedia, aunque, por sí sola, resulta insuficiente para asumir una reconstrucción de esta magnitud.
Por eso, sostengo que este terremoto cambia por completo la conversación económica. Hace apenas unas semanas discutíamos cómo acelerar el crecimiento, atraer inversiones o profundizar las reformas. Discutíamos la necesidad de una reforma institucional para que Venezuela alcanzara un crecimiento sostenido e inclusivo. Hoy la prioridad pasa por evitar que el desastre destruya buena parte del capital físico y humano del país, lo que queda. La agenda económica ya no estará dominada exclusivamente por el crecimiento, sino por la reconstrucción.
De allí surge una conclusión inevitable: Venezuela no podrá enfrentar este desafío por sí sola. No se trata únicamente de conseguir financiamiento. Será indispensable movilizar asistencia técnica, equipos especializados, hospitales de campaña, infraestructura temporal, créditos de acceso rápido y mecanismos internacionales de coordinación. La cooperación internacional dejará de ser un complemento para convertirse en una condición necesaria para la recuperación.
La buena noticia es que, por primera vez en muchos años, existen condiciones para que esa cooperación sea posible. El restablecimiento de relaciones con organismos financieros internacionales abre una ventana que hasta hace pocos meses parecía cerrada. Sería un error convertir esa ayuda en un nuevo terreno de confrontación política. Después de un terremoto, los países no necesitan discursos sobre soberanía; necesitan ingenieros, maquinaria, hospitales, agua potable, electricidad y capacidad para reconstruir.
La historia económica demuestra que los grandes desastres pueden convertirse en puntos de inflexión. Algunos países aprovecharon esas tragedias para modernizar su infraestructura, fortalecer sus instituciones y construir economías más resilientes. Otros quedaron atrapados durante décadas en un ciclo de destrucción y precariedad. La diferencia nunca estuvo únicamente en la magnitud del terremoto, sino en la calidad de la respuesta colectiva.
Más allá de la emergencia inmediata, esta tragedia también deja una lección política imposible de ignorar. La reconstrucción de Venezuela exige algo más que recursos financieros o asistencia internacional: requiere un liderazgo con legitimidad democrática y capacidad para construir consensos. El país necesita diseñar una hoja de ruta que permita alcanzar acuerdos políticos amplios, conducir a un gobierno elegido democráticamente y dotarlo del respaldo necesario para impulsar las reformas económicas e institucionales que la recuperación demanda. Ningún programa de reconstrucción será sostenible si no descansa sobre instituciones legítimas, reglas claras y un pacto político que ofrezca estabilidad, genere confianza y permita movilizar el apoyo de la comunidad internacional y de la inversión privada.
Por eso creo que este terremoto no solo ha movido la tierra. También ha desplazado por completo el horizonte económico de Venezuela. Las proyecciones que hacíamos hace apenas una semana probablemente ya no describen el país que tendremos al cierre de este año. La economía venezolana acaba de entrar en una nueva etapa y la rapidez con la que logremos combinar el esfuerzo del Estado, la capacidad demostrada por el sector privado y la sociedad civil, y el apoyo decidido de la comunidad internacional determinará no solo el desempeño económico de 2026, sino también las posibilidades reales de recuperación durante la próxima década.
27/junio/2026
Asdrubal Oliveros: economista venezolano egresado Summa Cum Laude de la UCV, con más de 20 años de experiencia como consultor empresarial, financiero y conferencista; fue director de Ecoanalítica y ha asesorado a organismos multilaterales como el Banco Mundial, FMI, BID y CAF. Profesor universitario en UCAB, UCV e IESA, investigador del IIES-UCAB, columnista especializado y reconocido por Americas Quarterly como uno de los 10 venezolanos que reconstruirán al país.
